Declaración Pública
28 de septiembre 2010
AMR 01/002/2010
El día de hoy, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, todos
los gobiernos del continente deben mostrar con acciones concretas su voluntad política
hacia el respeto y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas de la
región, y despenalizar el aborto con urgencia.
Se deben derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de
mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia. Es claro que
cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un
aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro.
Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son parte de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer - Convención de Belém do Pará, además de tener constituciones que protegen los
derechos de las mujeres, haya tres países, Chile, El Salvador y Nicaragua, que penalizan
el aborto en cualquier circunstancia, inclusive cuando una mujer o niña ha sido violada o
cuando la vida de la mujer o niña embarazada se encuentra en peligro.
La prohibición total afecta gravemente la capacidad del personal médico para responder
de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el
embarazo. La penalización del aborto niega a las mujeres y niñas embarazadas la
atención médica que necesitan. Esto muestra una cruel indiferencia hacia su integridad
física y psicológica, y la ausencia de dignidad humana a la que la penalización condena
a sufrir a mujeres y niñas.
Asimismo, las víctimas de violaciones que quedan embarazadas a consecuencia de este
grave delito se ven forzadas a continuar con el embarazo, independientemente del peligro
que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal. La única
otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su
vida y su salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Además, si una mujer o niña es
violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su
propio hermano o primo.
Algunos lugares de América Latina han reconocido las graves violaciones de derechos
humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe.
En Cuba el aborto está despenalizado desde hace varias décadas y en la capital mexicana
desde el 2007.
A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que
castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas
circunstancias, en la práctica no se cumple. Las guías para el personal médico con
frecuencia son inexistentes, son poco claras o no se distribuyen, y por lo tanto se utiliza
el sistema judicial innecesariamente dejando mujeres y niñas embarazadas sin la
posibilidad de ejercer sus derechos.
Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo,
intentan suicidarse. Otras toman medidas desesperadas, e intentan practicarse un aborto
a sí mismas. Por lo tanto, cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren día a día, y
mujeres y niñas sufren serias consecuencia, que incluso significan la pérdida de la vida.
En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas claramente se cobran
principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus
derechos humanos no merecen igual protección ante la ley? Sin recursos, los abortos
inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas en estas circunstancias, las llevan a
arriesgar su vida y su salud y, si sobreviven, a la posibilidad de ser procesadas y
encarceladas.
Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su
indignación frente a estas injusticias y exigiendo la despenalización del aborto en todo el
continente. En Nicaragua, el único país de la región que recientemente retrocedió en
proteger los derechos de mujeres y niñas al penalizar el aborto bajo cualquier
circunstancia, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, en
adición a las 31,000 firmas ya enviadas, está entregando hoy 6,000 firmas más,
recogidas por miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo al Presidente Daniel
Ortega, exigiéndole que derogue inmediatamente las leyes introducidas por su gobierno
que penalizan el aborto sin excepción.
Amnistía Internacional se une a este llamado regional.
Las mujeres y niñas tienen derecho a vivir y a vivir con dignidad y a no ser obligadas, bajo
la amenaza de ser encarceladas, a seguir con un embarazo producto de violación sexual o
que pone en riesgo su vida y salud.
Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los
derechos humanos y dar prioridad a programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo
planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar a
todos y todas, para que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre
cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación”, concluyó
Guadalupe Marengo.
Información adicional
Los Estados de la región tienen el deber y la obligación de respetar y promover los
derechos de las mujeres y niñas a la vida, a la integridad física; incluyendo protección
contra todo tipo de violencia, a la salud, a la educación, a la información y a la no
discriminación; conforme está establecido en los instrumentos internacionales y
regionales de derechos humanos, en especial la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do
Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador, y la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar a la Tortura.
Los estados de la región también tienen la responsabilidad principal de proteger,
reconocer y respetar a quienes toman acción para hacer efectivos los derechos humanos
de las mujeres y niñas que se encuentran en la situación descrita. Sus acciones son
legítimas y en muchos casos fundamentales para quienes están apoyando; en este
sentido, defensores y defensoras de derechos humanos deben gozar efectivamente la
posibilidad de hacer su trabajo sin temor a represalias, tal como lo establece la
Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y se ha
dicho repetidas veces en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
